Un aspecto crucial que se aborda es la diferencia entre el derecho penal de acto y el derecho penal de autor. En el sistema penal de acto, se juzga la conducta específica y no la personalidad del acusado, lo que refuerza la necesidad de contar con peritajes psicológicos objetivos que ayuden a esclarecer la intencionalidad y el grado de responsabilidad del procesado.

Además, se enfatiza que ningún perito ético y objetivo utilizaría su conocimiento para respaldar una hipótesis falsa ni participaría en un proceso sin aplicar la mejor evidencia disponible. Su papel es aportar información científica que permita determinar si la persona evaluada tiene una probabilidad significativa de no ser el autor del delito, si existen factores atenuantes o si hay una causal de ausencia de responsabilidad.

En delitos sexuales, donde muchas veces no hay pruebas materiales concluyentes y el juicio depende en gran parte de los testimonios de la víctima y del acusado, la evaluación psicológica cobra una relevancia especial. No solo permite analizar la credibilidad de las versiones, sino que también ayuda a identificar sesgos en la interpretación de los hechos y a evitar decisiones judiciales influenciadas por prejuicios o interpretaciones subjetivas.

A lo largo del documento, se presentan propuestas para fortalecer la regulación de estos peritajes, garantizando su admisibilidad en los procesos judiciales y evitando que se les reste valor probatorio. También se resalta la necesidad de un protocolo estandarizado que unifique criterios metodológicos y permita a los jueces interpretar con mayor precisión la información pericial.

En definitiva, esta reflexión demuestra que la evaluación psicológica forense no solo es una herramienta válida, sino imprescindible para garantizar el derecho a un juicio justo y evitar errores judiciales que puedan derivar en condenas erróneas.